El Gobierno nacional avanza en una propuesta que podría transformar gradualmente el parque automotor del servicio público de taxi en Colombia. A través de un proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Transporte, se busca que los vehículos que deban salir de circulación por antigüedad, pérdida total, hurto o desintegración sean reemplazados exclusivamente por automóviles eléctricos.
La iniciativa forma parte de la estrategia de transición energética y movilidad sostenible impulsada por la administración nacional, que busca reducir las emisiones contaminantes del transporte urbano y acelerar la adopción de tecnologías limpias en el país.
De concretarse la medida, los propietarios de taxis que necesiten realizar procesos de reposición ya no tendrían la posibilidad de adquirir vehículos nuevos impulsados por gasolina u otros combustibles convencionales para continuar prestando el servicio. En su lugar, tendrían que optar por modelos completamente eléctricos que cumplan con las condiciones técnicas exigidas por la normativa vigente.
Actualmente, la legislación permite reemplazar un vehículo retirado por otro que cumpla los requisitos establecidos para operar como taxi, independientemente de la tecnología utilizada. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Transporte busca modificar ese esquema y convertir al sector en uno de los principales motores de la movilidad eléctrica en Colombia.
La medida se aplicaría únicamente a los vehículos que deban ser sustituidos por causas específicas como el cumplimiento de su vida útil, accidentes que generen pérdida total, casos de hurto o procesos de desintegración física. Esto significa que no obligaría de manera inmediata a todos los taxistas a cambiar sus automotores, sino que la transformación ocurriría de forma progresiva a medida que se realicen las reposiciones.
El Gobierno considera que el servicio de taxi representa una oportunidad estratégica para impulsar la modernización del transporte urbano debido al alto número de kilómetros que recorren estos vehículos diariamente en las principales ciudades del país. La migración hacia tecnologías eléctricas podría contribuir significativamente a la reducción de emisiones de gases contaminantes y a la mejora de la calidad del aire en zonas urbanas.
La propuesta llega en un momento en que el mercado colombiano ha comenzado a ampliar la oferta de vehículos eléctricos diseñados para el transporte público individual. Varias compañías automotrices ya comercializan modelos adaptados a las necesidades operativas del sector, incluyendo autonomías más amplias, menores costos de mantenimiento y sistemas de carga optimizados para recorridos intensivos.
No obstante, la iniciativa también ha despertado interrogantes entre algunos actores del sector, especialmente por los costos asociados a la adquisición de vehículos eléctricos, que en muchos casos continúan siendo superiores a los de los modelos tradicionales. Aunque el ahorro en combustible y mantenimiento suele ser una de las principales ventajas destacadas por los fabricantes, los propietarios deberán evaluar las implicaciones financieras de una eventual transición obligatoria.
Además de los cambios relacionados con la reposición de taxis, el proyecto de decreto contempla una serie de modificaciones destinadas a modernizar la regulación del servicio público individual.
Entre las medidas incluidas se encuentra la eliminación de la Planilla Única de Viaje Ocasional para desplazamientos entre municipios vecinos, una decisión que busca simplificar trámites y facilitar la movilidad de los conductores dentro de determinadas zonas geográficas.
Asimismo, se propone ampliar las posibilidades de operación desde y hacia aeropuertos ubicados en capitales y áreas metropolitanas, lo que podría generar nuevas oportunidades para el sector y mejorar la disponibilidad del servicio para los usuarios.
Otro de los puntos relevantes del borrador establece la prohibición de cobros asociados a procesos de desvinculación de vehículos por parte de las empresas transportadoras. Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la libre competencia y evitar costos adicionales que puedan afectar a los propietarios.
La propuesta también contempla la obligación de entregar de manera gratuita informes periódicos sobre pagos y cobros relacionados con cada vehículo afiliado, con el fin de garantizar mayor transparencia en la relación entre empresas y propietarios.
En materia administrativa, el Ministerio plantea ampliar la vigencia de la tarjeta de operación de uno a dos años, reduciendo así la frecuencia de algunos trámites y disminuyendo cargas burocráticas para el sector.
Uno de los beneficios que más interés ha generado entre los propietarios es la ampliación del plazo para realizar la reposición de vehículos que hayan sido hurtados, destruidos o declarados pérdida total. Mientras que actualmente el tiempo permitido es de un año, la propuesta busca extenderlo hasta cinco años, ofreciendo un margen considerablemente mayor para adelantar el proceso de sustitución.
El proyecto también incluye disposiciones orientadas a mejorar las condiciones laborales de los conductores que no son propietarios de los vehículos. Entre ellas se encuentra el reconocimiento de la experiencia acumulada mediante sistemas de puntaje que podrían otorgar ventajas en procesos futuros de asignación de nuevas matrículas.
Adicionalmente, se plantea la implementación de programas obligatorios de formación para conductores, enfocados en temas como seguridad vial, atención al usuario, resolución pacífica de conflictos y prevención de violencias basadas en género.
Desde el Ministerio de Transporte se ha señalado que la reforma pretende actualizar una regulación que ha permanecido sin modificaciones significativas durante varios años y que requiere adaptarse a los desafíos actuales del sector. La apuesta del Gobierno es combinar la modernización administrativa con la transición hacia tecnologías más sostenibles, en un esfuerzo por mejorar la calidad del servicio y avanzar hacia un modelo de movilidad más limpio y eficiente.
Mientras el proyecto continúa en fase de revisión y consulta, representantes del sector, propietarios, conductores y expertos en movilidad analizan el alcance de las medidas propuestas, que podrían marcar un cambio importante en el futuro del transporte público individual en Colombia.
